Son 31 los militares libres en los casos de ‘falsos positivos’

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Un juez dejó ayer en libertad a otros siete, incluido un coronel. Procurador calificó el hecho como un escándalo.

Con la libertad provisional de otros 7 militares involucrados en casos de ‘falsos positivos’, ordenada ayer por un juez de Soacha, Cundinamarca, ya son 31 los uniformados beneficiados con la invocación del vencimiento de términos.

A pesar que aún quedan por resolver 26 casos de militares vinculados a 12 desapariciones de personas, cuyas audiencias de solicitud de libertad se llevarán a cabo el 19 y 20 de enero, el juez Segundo con funciones de Control de Garantías, Fernando Sarmiento, ordenó que en la desaparición de los jóvenes Julio César Meza y Jaime Steven Valencia, los procesados fueran puestos en libertad.

El Juez ordenó que el coronel Gabriel Rincón Amado, el oficial con mayor rango investigado, sea puesto a disposición de un fiscal de Cúcuta que lo requiere por otros casos de falsos positivos, por lo que permanecerá en una guarnición militar atendiendo ese proceso bajo el antiguo sistema penal (Ley 600).

Los otros militares dejados en libertad son Jorge Orlando González, Manuel Zorrila Agamez, Kevis Alberto Jiménez, Luis Alirio López, Juan Gabriel Espinosa y Medardo Ríos, pertenecientes al Batallón Francisco de Paula Santander y detenidos desde el 29 de abril del 2009.

Según la Fiscalía, estos integrantes del Ejército serían responsables de desaparición forzada agravada y homicidio agravado, por reclutar mediante engaños y asesinar a los jóvenes reportados como guerrilleros muertos en combate en Ocaña, Santander.

Los argumentos del Juez se basaron en el vencimiento de términos, tal y como lo planteó la defensa de los militares semanas atrás, al solicitar su libertad.

El juez Sarmiento explicó a los familiares de las víctimas que el hecho de otorgar la libertad no significa impunidad, ya que los militares seguirán vinculados penalmente y deberán atender todos los requerimientos que la justicia les haga. De igual forma, los sindicados siguen perteneciendo al Ejército y no se pueden esconder.

“Habrá que esperar a que un juez de conocimiento estudie el caso y determine si son o no responsables. Es ahí cuando los familiares de las víctimas podrán tomar sus posiciones”, dijo el Juez.

Por su parte, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, calificó de “escándalo internacional” la puesta en libertad de los militares sindicados de reclutar y asesinar a civiles presentados después como guerrilleros muertos en combate.

“Esto es un escándalo para nuestras instituciones, para la credibilidad internacional y ello implica una debilidad de nuestras instituciones y de la administración de justicia”, señaló en una entrevista con la emisora La W.

“Hay que tomar decisiones para devolverle la credibilidad a la Judicatura. Es necesario reflexionar en aspectos lacerantes para la justicia”, dijo el Procurador, al culpar al Consejo Superior de la Judicatura por demorarse cuatro meses en determinar dónde serían juzgados los militares.

A su turno, el personero de Soacha, Fernando Escobar, dijo que ya se había advertido que la dilación del caso podría terminar con la libertad de los sindicados.

Judicatura investigará a los jueces

El Consejo Superior de la Judicatura inició ya las investigaciones para determinar de quién es la responsabilidad en la libertad de 31 de los 52 militares vinculados a los llamados ‘falsos positivos’.

Así lo informó el presidente de la Sala Disciplinaria del alto tribunal, Ovidio Claros Polanco, al desestimar de paso las afirmaciones que han querido dejar en manos de esa corporación la responsabilidad por dichas actuaciones.

Con certificaciones en mano, Claros Polanco comprobó que cuatro de estos casos, en los que se ha querido proponer conflictos de competencias, fueron resueltos a tiempo, razón por la cual no hay justificación para las libertades.

En todo caso y ante una posible falla por parte de la Secretaría Jurídica de la corporación, también se ordenaron las investigaciones respectivas.

Para tal efecto, la Judicatura dispondrá de una sala especial y se adoptará un trámite preferencial para evacuar dichas investigaciones de manera más ágil a lo habitual.

“La totalidad de los procesos remitidos por los diferentes despachos judiciales, a efectos de establecer la jurisdicción competente para su conocimiento fueron definidos dentro de los términos establecidos, en virtud del tratamiento preferencial que esta colegiatura le impartió”, señaló Claros Polanco.

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Ya huele a semana santa

Peñaranda

¿"Un escándalo"? Dejá la vaguedad, Procuradora travestida.

¡Ay! Pobrecitos los héroes de la patria, menos mal salieron de la cárcel...